Por: Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
La exclusión sistemática de Taiwán de las Naciones Unidas constituye una de las mayores contradicciones en el sistema internacional actual. Pese a ser una democracia sólida, moderna y respetuosa de los derechos humanos, Taiwán continúa siendo marginada de los foros de la ONU, cediendo a la presión política de la dictadura del Partido Comunista Chino. Esta exclusión no solo es injustificada desde el punto de vista legal, sino que representa una traición a los propios principios sobre los que se fundó la organización.
Una interpretación política y manipulada de la Resolución 2758
La base utilizada para justificar la exclusión de Taiwán es la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1971. Esta resolución otorgó el escaño de “China” a la República Popular China, reconociendo al régimen comunista de Pekín como su representante legítimo. Sin embargo, el texto no menciona en absoluto a Taiwán ni le asigna su soberanía al régimen chino.
El Partido Comunista ha promovido durante décadas una interpretación interesada y abusiva de dicha resolución, afirmando que le otorga autoridad sobre Taiwán. Esa narrativa ha sido adoptada por la ONU, que ha cerrado sus puertas incluso a funcionarios, académicos y ciudadanos taiwaneses, negándoles el acceso a conferencias, debates o colaboraciones técnicas en organismos especializados como la OMS o la OACI.
Taiwán: un modelo de democracia y cooperación internacional
Contrario a la imagen que promueve Pekín, Taiwán no es una “provincia rebelde”, sino un país con instituciones democráticas, elecciones libres, separación de poderes y una activa sociedad civil. En la práctica, funciona como un Estado soberano, con su propio gobierno, moneda, ejército y relaciones comerciales independientes.
Además, Taiwán ha demostrado reiteradamente su voluntad de contribuir al bienestar global. Durante la pandemia de COVID-19, ofreció ayuda médica, compartió información científica valiosa y envió mascarillas y suministros a más de 80 países. También participa en misiones de ayuda humanitaria y programas de cooperación tecnológica, a pesar de su exclusión oficial de muchas organizaciones multilaterales.
El silencio cómplice de la ONU y la hipocresía internacional
La negativa de la ONU a permitir la participación de Taiwán —incluso como observador— contraviene los principios fundamentales consagrados en su Carta fundacional: la defensa de la dignidad humana, la igualdad de derechos de los pueblos y la cooperación internacional. Al ceder ante las amenazas de la dictadura china, la ONU ha dejado de ser un espacio neutral para convertirse, en este caso, en cómplice de un régimen autoritario que busca silenciar a 23 millones de personas.
Resulta especialmente preocupante que, en un contexto donde se defiende la “inclusividad” y la autodeterminación, se niegue a Taiwán un asiento en la mesa. Si los derechos humanos son universales, ¿por qué se excluye deliberadamente a una democracia que respeta esos derechos solo porque un país poderoso así lo exige?
Un llamado urgente a la coherencia y al respeto del derecho internacional
El caso de Taiwán no puede seguir siendo ignorado. Reconocer su existencia y permitir su participación activa en la comunidad internacional no implica tomar partido en una disputa geopolítica, sino simplemente actuar conforme al derecho y a los principios de justicia. Seguir negando esa realidad debilita el sistema multilateral y refuerza a los regímenes que creen que el poder y la censura pueden prevalecer sobre la verdad.
Es momento de que las democracias del mundo exijan a la ONU que rectifique su posición y abra sus puertas a Taiwán. No hacerlo significará, una vez más, que la política del miedo y la presión autoritaria ha vencido sobre los valores que la humanidad dice defender.
