Un nuevo informe de la organización Transparencia Venezuela destapa con cifras alarmantes la magnitud de la extorsión que ocurre en los puertos y fronteras del país, una red enquistada dentro del aparato estatal y bajo la supervisión del superintendente aduanero, José David Cabello.
Según la investigación, la corrupción en las aduanas marítimas venezolanas se ha convertido en una fuente de ingresos paralela que genera alrededor de 1,4 millones de dólares diarios. Esta práctica, extendida y normalizada entre los funcionarios del Estado, implica cobros ilegales a importadores y usuarios de los servicios “puerta a puerta” que buscan agilizar el ingreso de mercancías sin declarar adecuadamente su contenido.
En lugar de pagar impuestos sobre lo realmente transportado, los importadores se ven obligados a cancelar sumas previamente pactadas con funcionarios portuarios y militares, quienes ofrecen “tarifas planas” como forma de soborno. Este sistema, que ha operado con impunidad durante años, produjo cerca de 1.394 millones de dólares en 2022. Aunque en 2023 las cifras descendieron por la caída de las importaciones y mayores controles regulatorios, se reportaron aún ingresos ilegales por 900 millones de dólares.
El informe más reciente, correspondiente a 2024, estima que la red de extorsión generó 504 millones de dólares, unos 42 millones mensuales. Esto refleja que, aunque la actividad ha disminuido, la estructura criminal continúa vigente y lucrativa.
La situación no se limita a los puertos marítimos. En las fronteras terrestres, especialmente en los estados Táchira y Apure, los cuerpos de seguridad han convertido los puntos de control en estaciones de peaje ilegal. El cobro de “vacunas” —contribuciones forzadas que pueden empezar en 20 dólares por persona— es una rutina en alcabalas y pasos fronterizos. En zonas como Peracal, en el municipio Bolívar del estado Táchira, se multiplican las denuncias sobre cobros arbitrarios por parte de funcionarios.
Incluso ha surgido un nuevo método: el prepago de sobornos al salir los camiones de carga, lo que evita detenciones posteriores en el camino. Esta práctica, según datos de empresas de transporte recogidos por Transparencia Venezuela, ha reducido el número de sobornos en ruta, pero confirma la consolidación de un sistema paralelo de recaudación informal.
La responsabilidad de supervisar este sistema recae sobre José David Cabello, quien además es hermano del influyente dirigente chavista Diosdado Cabello. Ambos figuran entre los nombres con más poder dentro de la estructura de la dictadura venezolana.
Mientras el régimen asegura promover controles y eficiencia en sus instituciones, la realidad en puertos y carreteras del país refleja otra cosa: un modelo corrupto, amparado desde el Estado, que ha hecho de la extorsión un lucrativo negocio al margen de la ley.
