El matrimonio entre Turhan Mildon y Alina Habba, exabogada personal de Donald Trump, coincide con una disputa por contratos estatales venezolanos que el empresario obtuvo durante la etapa de Nicolás Maduro. El caso expone cómo las conexiones políticas internacionales pueden convertirse en un activo comercial y cómo los cambios de poder alteran el destino de las inversiones en sectores estratégicos.
El cambio de poder en Caracas amenaza los negocios de Mildon
El empresario turco Turhan Mildon enfrenta una disputa por la continuidad de sus operaciones en Venezuela después de que las autoridades ordenaran revocar su contrato para administrar plantas estatales de cemento. La decisión, atribuida a la presidenta interina Delcy Rodríguez en junio de 2026, se produjo tras la caída de Nicolás Maduro y el debilitamiento de los funcionarios que habían facilitado su entrada al mercado venezolano.
La relación empresarial de Mildon con el chavismo se consolidó en marzo de 2025, cuando obtuvo un contrato para operar plantas cementeras a través de Alex Saab, uno de los colaboradores más cercanos de Maduro y entonces ministro de Industria. Meses después, también consiguió la explotación de un negocio de producción y exportación de camarones en el occidente del país.
Ambas operaciones quedaron expuestas a los cambios políticos posteriores. Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, Saab fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, mientras Rodríguez asumió el liderazgo de una Venezuela sometida a una nueva correlación de fuerzas políticas.
El contrato cementero de Mildon pasó entonces a ser objeto de una revisión. La decisión de revocarlo se habría fundamentado en el incumplimiento de los objetivos de inversión, aunque el empresario cuestiona la actuación de las autoridades y sostiene que su compañía recibió la notificación formal de terminación el 8 de octubre.
Su portavoz afirmó que la empresa considera que la carta podría contener un error y que está trabajando para resolver el problema. También negó que el Gobierno estadounidense hubiera considerado imponer sanciones contra Mildon.
Alina Habba y el acceso al círculo de Trump
La disputa empresarial adquirió una dimensión política adicional tras el matrimonio de Mildon con Alina Habba, celebrado en septiembre en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York.
Habba, de 42 años, fue abogada personal de Trump y una de sus defensoras legales más visibles. También ocupó brevemente el cargo de fiscal federal interina de Nueva Jersey durante el segundo mandato presidencial del republicano. Su relación con el presidente se mantiene estrecha.
La boda reunió a figuras de alto nivel del entorno de Trump, entre ellas el fiscal general Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf.
La coincidencia entre el matrimonio y la disputa contractual plantea interrogantes sobre la influencia de las relaciones personales en los negocios internacionales. De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto citadas por el New York Times, Rodríguez habría decidido suspender temporalmente la ejecución de la orden de terminación después de conocer la relación de Mildon con una figura que mantiene acceso directo al presidente estadounidense.
No obstante, esa versión no demuestra que Habba haya intervenido en favor de los negocios de su esposo. La propia abogada declaró que nunca ha participado en asuntos de la Administración Trump en nombre de Mildon y que él tampoco se lo pediría.
La Casa Blanca, por su parte, sostuvo que Habba no ha discutido los negocios de su marido con Trump ni con otros funcionarios de la Administración.
Alex Saab, los activos estatales y las redes de influencia
El ascenso de Mildon en Venezuela estuvo ligado a una red de relaciones políticas que se extendía desde Caracas hasta Washington y otras capitales.
Antes de ingresar al mercado venezolano, el empresario había desarrollado negocios en la República Democrática del Congo, donde estableció vínculos con las élites políticas y obtuvo contratos de construcción. En 2023 fue nombrado asesor del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y recibió un pasaporte diplomático de ese país, según el relato de la investigación periodística original. Su portavoz negó que Mildon se hubiera presentado como funcionario congoleño.
En Venezuela, su relación más relevante fue con Saab, quien había regresado a Caracas tras salir de una prisión estadounidense y asumido responsabilidades ministeriales. Aunque el empresario describe sus contactos como profesionales, personas cercanas al aparato estatal venezolano sostienen que ambos mantenían una relación personal estrecha.
La adjudicación de activos estatales constituye uno de los puntos más delicados del caso. Empresarios venezolanos y personas vinculadas al Gobierno afirmaron que Saab y otros funcionarios distribuyeron activos públicos entre inversionistas privados sin procesos competitivos de licitación. Mildon niega que Saab haya intervenido en la adjudicación del negocio camaronero y asegura que participó en una licitación para el contrato cementero.
El negocio de camarones también está rodeado de controversia sobre la transferencia de propiedad. La empresa había sido incautada por las autoridades venezolanas a su fundador privado, José Enrique Rincón, después de acusarlo de financiar a la oposición. Rincón permanece encarcelado.
Estos antecedentes sitúan las operaciones de Mildon en el centro de una cuestión económica más amplia: quién controla los activos productivos de Venezuela y bajo qué condiciones se conceden los derechos de explotación a inversionistas extranjeros.
Las cifras ponen en duda la escala de sus operaciones
Las declaraciones públicas de Mildon sobre sus negocios venezolanos también han suscitado dudas.
En una entrevista con Forbes Turquía, el empresario afirmó producir 4,5 millones de toneladas de cemento al año en Venezuela. Sin embargo, los datos citados en la investigación del New York Times indican que la producción total de cemento del país equivale aproximadamente a un tercio de esa cantidad.
La diferencia es relevante porque la industria cementera depende de inversiones sostenidas, capacidad instalada, suministro eléctrico, transporte y demanda vinculada a la construcción. Una producción muy inferior a la anunciada podría comprometer la viabilidad económica de los contratos y debilitar la posición negociadora de la empresa frente al Estado.
Las cifras del negocio camaronero también generan interrogantes. Mildon aseguró que la operación empleaba a 20.000 personas y que alcanzaría ingresos anuales de 500 millones de dólares en dos años. No obstante, los datos examinados por el medio estadounidense muestran que, durante los primeros ocho meses de 2026, las plantas vendieron en promedio apenas el 5 % del volumen de camarones que comercializaban antes de la intervención estatal.
Después de que se le presentaran esos datos, su portavoz afirmó que Mildon había sido citado incorrectamente en la entrevista publicada en Turquía.
Venezuela, un mercado donde la política determina el riesgo empresarial
El caso ilustra los riesgos que enfrentan los inversionistas en economías donde el acceso a los activos estatales depende estrechamente de las relaciones con quienes ejercen el poder.
La caída de Maduro debilitó la posición de quienes habían construido sus negocios alrededor de Saab y otros integrantes de su círculo. Al mismo tiempo, el ascenso de Rodríguez abrió una nueva etapa en la que los empresarios deben demostrar su capacidad para mantener operaciones rentables y adaptarse a las prioridades de las nuevas autoridades.
Mildon intentó acercarse a la nueva dirigente venezolana. En febrero de 2026 acompañó a Christopher Ruddy, director ejecutivo de Newsmax, a una reunión con Rodríguez. Su portavoz asegura que ambos han conversado en varias ocasiones desde entonces.
La dimensión estadounidense añade otra variable. Durante 2025, Mildon había participado en contactos informales entre Caracas y Washington, mientras distintos empresarios internacionales buscaban aprovechar sus relaciones políticas para obtener un trato favorable en medio de la presión económica y militar ejercida por la Administración Trump.
Sin embargo, las disputas entre las distintas facciones del entorno presidencial estadounidense y el cambio de estrategia hacia Venezuela alteraron el valor de esas conexiones. El secretario de Estado Marco Rubio desplazó a Richard Grenell de la conducción de la estrategia venezolana y respaldó una línea más agresiva contra Maduro, antes de que Rodríguez asumiera el poder tras la operación estadounidense.
La continuidad de los contratos de Mildon dependerá ahora de la decisión definitiva de las autoridades venezolanas, de la capacidad de su empresa para cumplir los compromisos de inversión y producción, y de la evolución de sus relaciones políticas en ambos países. El desenlace permitirá observar hasta qué punto el nuevo orden venezolano mantendrá los acuerdos heredados o utilizará su revisión para redefinir quién controla algunos de los activos industriales del país.
